martes, 18 de junio de 2013

Hacienda achaca a un error de DNI la atribución de fincas a la Infanta



El Ministerio de Hacienda atribuyó el martes a un error con el documento de identidad de la infanta Cristina la atribución de los ingresos por la venta de 13 propiedades a la segunda hija del Rey de España, que está siendo investigada dentro de un caso de corrupción en el que está imputado su esposo.

En un comunicado difundido el martes, la Agencia Tributaria señala que no comprobó los datos que remitió al juez José Castro, que había solicitado a Hacienda una relación de cuentas, bienes inmuebles y activos financieros de Cristina de Borbón y Grecia para averiguar si incurrió en un delito fiscal.

"El error en la imputación de transmisiones de inmuebles a Doña Cristina de Borbón y Grecia es consecuencia de que la información recibida por la Agencia figura atribuida a un DNI que coincide con el suyo", dijo el organismo.

"La Agencia Tributaria no comprobó ni verificó los datos que remitió al juez porque no podía hacerlo al tratarse de una solicitud de información", añadió.

El informe remitido al juez por Hacienda recogía que entre 2005 y 2006 la duquesa de Palma vendió 13 inmuebles en varias provincias por valor de 1,43 millones de euros, algo que la defensa de la Infanta negó posteriormente.

"La información corresponde a ejercicios prescritos respecto de los cuales no existe posibilidad legal de hacer ningún tipo de comprobación en vía administrativa", se defendió la Agencia Tributaria

Hacienda dijo que iba a abrir una investigación interna para aclarar un error difícil de entender ya que la infanta, en su condición de miembro de la familia real, tiene un DNI con sólo dos dígitos.

La Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado pidió a Hacienda que dé "cuantas explicaciones sean necesarias y posibles".

"Se debe revisar cuanto antes el protocolo de recepción y comunicación de información tributaria ante juzgados y tribunales, para que errores como este no vuelvan a producirse, y evitar que la opinión pública ponga en cuestión la independencia y profesionalidad de este organismo", dijo el organismo en una nota de prensa
SÓLO PROPIETARIA DE PEDRALBES

Tras reconocer Hacienda su error, el juez Castro dictó una providencia pidiendo a los registros de la propiedad de las localidades que aparecían en el escrito del fisco si Cristina de Borbón fue propietaria de los inmuebles referidos.

En un comunicado, el Colegio de Registradores de España informó el martes de que la segunda hija del Rey sólo tiene a su nombre en el registro su residencia de Barcelona, ciudad en la que vive y trabaja.

El juez Castro, que instruye la causa por el presunto desvío de fondos públicos en la fundación Nóos que presidía el yerno del Rey, centra ahora sus pesquisas en averiguar si la infanta Cristina incurrió en un delito fiscal por el presunto desvío de fondos públicos a través de una sociedad en la que era propietaria al 50 por cien con su marido Iñaki Urdangarin.

Castro imputó a Cristina de Borbón por apreciar indicios de connivencia con las presuntas actividades ilegales de su esposo, pero la Audiencia Provincial suspendió temporalmente la imputación y pidió al juez que siguiera investigando.

Los grupos políticos de la oposición pidieron el martes la comparecencia del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y el titular de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, reconoció que no se había dado antes un error de tal calado.

La defensa de la infanta, encabezada por el exdiputado y abogado Miquel Roca, dijo que la atribución de los ingresos a su defendida se había tratado de "un error que no responde a ninguna realidad", dando el asunto por zanjado y descartando una querella.

Urdangarin siempre ha desvinculado a la infanta de la gestión de Nóos, afirmando que no participaba en la toma de decisiones pese a ser vocal de la fundación.

El duque de Palma está acusado de prevaricación, malversación, fraude, falsedad documental y un delito contra la Hacienda Pública por desviar entre 2004 y 2006 unos 5,8 millones de euros de fondos públicos de las comunidades de Baleares y Valencia.

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