jueves, 27 de junio de 2013

Montoro vuelve a culpar a notarios y registradores del error de atribuir a la infanta la venta de 13 fincas

La investigación señala que las compraventas se asignaron por error a un DNI 14 y Hacienda asignó la operación al único DNI 14


La infanta Cristina, en Barcelona.

Cristóbal Montoro volvió a culpar a notarios y registradores del error de atribuir a la infanta Cristina la venta de 13 fincas por valor de 1,4 millones de euros entre 2005 y 2006. La causa de la equivocación en once casos, dice el informe, fue que la Agencia Tributaria recibió información errónea «con origen en notarios y registradores», en la que figuraba que el vendedor tenía «el DNI 14 sin letra de control». Este dato, prosigue el escrito, «provocó la imputación al único DNI 14 que figuraba en la base de datos», es decir el de la hija del Rey.

Tras varias horas de suspense, el Ministerio de Hacienda divulgó a primera hora de la noche las conclusiones de su investigación interna sobre el informe de las operaciones de compraventa de la esposa de Iñaki Urdangarin. Unas pesquisas que no despejaron la mayoría de las dudas suscitadas y que se limita a echar la culpa a los notarios y registradores de la propiedad, como el primer día.

Además de señalar que en once casos la culpa fue de los dos cuerpos de fedatarios públicos que atribuyeron las compras a un DNI 14, se señala por toda explicación que en los dos restantes el error se produjo en la Agencia Tributaria «al incorporar estas operaciones en sus bases de datos».

El informe indica además que esta información equivocada «ha permanecido en la base de datos de la Agencia Tributaria tal y como fue imputada, sin haber sido modificada». Es decir que entró equivocada y ahí se quedó con los errores. Una situación, agregan las conclusiones, que se revisó en 2007, cuando se mejoraron «sustancialmente» 

los procesos de identificación de información procedente de terceros. Hacienda apunta en su descargo que como la solicitud no procedía de la unidad de auxilio judicial, partió del propio juez José Castro, «no era preceptivo un control específico de la información suministrada».

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